El Instituto de Ciencia Política (ICP) ‘Hernán Echavarría Olózaga’ hizo un llamado al Presidente Gustavo Petro para ajustar sus discursos a las propuestas de cambio que viene promoviendo.

Según el Director Ejecutivo del ICP, Carlos Augusto Chacón, contrario a lo que pretende pregonar, el Presidente Petro incita a la violencia, desestimula al empresariado, causa incertidumbre en la inversión nacional y extranjera y, lo más grave, incrementa de manera peligrosa la polarización en el país.

Al respecto, el Director del ICP hizo el siguiente análisis sobre lo que considera los riesgos que para la estabilidad y la democracia colombiana representan los discursos del Presidente Petro:

Los discursos presidenciales van más allá de una oratoria escrita en un documento o una exposición pública ante cientos de personas. Detrás de una alocución hay mensajes estructurados que enuncian los planes de Gobierno, y la manera en que se buscan llevar a cabo, así como, sus intenciones.

Entender lo que un gobernante comunica en cuanto al qué, al cómo y al quiénes se dirige, nos permite identificar las acciones que se pretenden ejecutar.

Ante la coyuntura política que vive el país a causa de las reformas e iniciativas que ha presentado el Gobierno, resulta indispensable para el Instituto de Ciencia Política no pasar por desapercibido las afirmaciones realizadas por el Presidente Gustavo Petro en su discurso del pasado 14 de febrero en el Palacio de Nariño.

Varios de los mensajes del Presidente parecieran ir en contravía de las posibilidades de diálogo político y social, del legítimo ejercicio del disenso y la oposición política y ciudadana, de la separación y equilibrio de poderes, entre otras cuestiones que fundamentan nuestra convivencia democrática. 

Tomamos algunos apartados del discurso presidencial para analizar y señalar una serie de consideraciones, que esperamos sean tenidas en cuenta para evitar una deriva de conflictividad y una creciente percepción de autoritarismo.

Este discurso presidencial ratifica diversos mensajes que se han venido planteando desde el Gobierno frente a los empresarios, los gremios, la oposición, el modelo económico, la institucionalidad democrática y en general frente a distintos sectores de la sociedad que no comparten las posiciones o propuestas del Presidente, sus ministros o la coalición de Gobierno.

Ante esta situación, resulta oportuno hacer un llamado a la ponderación y el respeto, reconociendo que el cambio se construye mediante un diálogo colectivo entre todos los actores de la sociedad. 

Los problemas que tiene el Estado colombiano en materia de pobreza, inseguridad y violencia, han sido significativos y persistentes, por lo que, se requiere de soluciones efectivas, formuladas con criterios técnicos que reflejen las preocupaciones de distintos sectores y que tengan en cuenta los impactos y efectos en el largo plazo.

Para esto, es necesario promover la inclusión y la participación de todos los ciudadanos, ya sea que estén a favor o en contra de la narrativa del Gobierno; de esto se trata la democracia consolidada que permite construir confianza y fortalecimiento del Estado de derecho.

Colombia debe romper el círculo vicioso de la polarización y de las posiciones maniqueístas. Que las objeciones al modelo que quiere promover el Presidente no conviertan a los opositores directamente en enemigos del Gobierno ni de la sociedad, sobre todo porque estas posiciones se convierten en un obstáculo para la construcción de paz y convivencia democrática.

El cambio que el país necesita no puede construirse llamando a la violencia, ni desestimulando la libre empresa o la inversión del sector privado en los diferentes sectores económicos. Un verdadero cambio se logra generando las condiciones sociales y políticas necesarias para el ejercicio de derechos y libertades de todos los ciudadanos, especialmente para que el crecimiento económico nos ayude a la superación de la pobreza y a la movilidad social.

Desatar la violencia 

“Hoy necesitamos que cedan en su egoísmo; que si ganan la mitad van a ganar muchísimo más en el futuro, porque un empresario se vuelve más rico cuando una sociedad se vuelve más rica. Que no hay que mirar en el corto plazo. Que hay que hacer los cálculos como toca. Que van a desatar la violencia y la violencia social es incontenible si no son capaces de permitir que las reformas se puedan construir en Colombia.

El estallido social es como una olla a presión. Sólo las urnas permitieron tranquilidad, pero hay que leer el mensaje de las urnas: el mensaje de las urnas es el cambio. Y el cambio pasa por un cambio de pensamiento y de cultura de nuestra oligarquía colombiana y es dejar de ser oligarquía y pasar a ser democracia. Ese es el cambio. Es permitir que ni en el Congreso de Colombia ni en el Palacio de Nariño ni en los juzgados del país lo que mande sea el dinero, sino que sea el pueblo. Eso es una democracia.”

De este fragmento del discurso del Presidente Petro se perciben cuatro riesgos:

- Polarización.  Usa un lenguaje que incita a la divergencia, al señalar a los empresarios, como los enemigos del pueblo, como la “oligarquía”. Esta polarización podría fomentar un clima de confrontación y hostilidad entre diferentes sectores de la sociedad colombiana.

- Promoción de la violencia. El Presidente advierte sobre la posibilidad de que se desate la violencia social, lo que podría interpretarse como una justificación, o incluso una incitación a la violencia, contra los sectores que se opongan a sus reformas. Se desconoce que, quienes han venido presentado objeciones a los cambios que pretende imponer el Gobierno con sus reformas, son de diversa procedencia ideológica, política, socioeconómica y regional.

- Promoción de desconfianza a las instituciones. Sugiere que las instituciones del Estado, como el Congreso y los juzgados, están controladas por sectores económicos, y no representan los intereses del pueblo, lo que nuevamente crea categorías de amigo-enemigo. Esta perspectiva debilita la confianza en las instituciones democráticas y erosiona el Estado de derecho.

- Ausencia de diálogo. Propone que quienes se oponen a las reformas cambien de mentalidad y las acepten, sin posibilidad de disenso u oposición, sin contemplar la posibilidad de un diálogo constructivo entre diferentes sectores de la sociedad para buscar acuerdos y resolver conflictos de manera pacífica por las vías institucionales.

“Transformar en esclavos a los trabajadores”

“Vamos a presentar también una reforma laboral. Una reforma a la Ley 50 y a la Ley 100. Las leyes del neoliberalismo. ¿Qué pretendemos en la reforma laboral? Pretendemos que el día termine a las seis de la tarde, no a las diez de la noche. Pretendemos que exista un sábado y un domingo que se consideren días de descanso. Y, que, por tanto, al  trabajar más allá de las seis o al trabajar un sábado y un domingo haya unas extras en el salario. Pretendemos que exista en Colombia estabilidad laboral ¿Quién le dijo al empresariado grande de este país que se podía construir una empresa más productiva sobre la base de transformar en esclavos a los trabajadores? ¿Quién dijo? El Capitalismo no crece sobre la base del trabajo esclavo. Eso es un anacronismo."

Frente a estas afirmaciones del discurso del Presidente Petro se identifican tres riesgos:

- Estigmatización del empresariado. Las generalizaciones sin evidencias o argumentos buscan posicionar una narrativa según la cual, los empresarios colombianos están interesados en convertir a sus trabajadores en esclavos.

- Desconoce los avances en materia sociolaboral. El lenguaje que se usa distorsiona la realidad del mercado laboral colombiano, al señalar al empresariado como esclavista y opresor y a los trabajadores como esclavos. Además, desconoce el esfuerzo que ha hecho el empresariado colombiano por generar empleos dignos con condiciones de estabilidad laboral y bienestar social.

- Simplificación del problema. El argumento sugiere que la solución a los problemas laborales en Colombia consiste exclusivamente en cambiar la jornada laboral. Sin embargo, se debe reconocer que los problemas laborales en Colombia son complejos y multicausales, y podrían requerir soluciones más amplias y profundas. Desconoce a su vez que el mercado laboral colombiano ya es bastante inflexible en comparación con otros países que logran generar no sólo mayores puestos de trabajo, sino una mejor productividad, que los trabajadores pueden recoger en forma de salarios reales más amplios, beneficiándose también como consumidores al conseguir canastas de consumo más grandes.

Esto sucede por la competitividad de sus sistemas tributarios en lo que refiere a cargas fiscales para las empresas: entre los países de la OCDE, Colombia ocupa el último lugar al ser el que mayor carga tributaria tiene. Resulta oportuno que en medio de la coyuntura, se reconozca para el debate que la fijación de precios o cuotas mínimas y máximas en el mercado de trabajo, mediante cambios en la jornada laboral y en los recargos, implica afectar la autonomía de las personas para pactar sus contratos: impide que trabajadores menos cualificados obtengan un trabajo que bajo otra legislación podrían acordar con empresas  nacientes que según con sus restricciones presupuestales pudieran contratarlos, se agudizarán los problemas de informalidad. Este tipo de generalizaciones podría desalentar la inversión y el crecimiento empresarial en Colombia, lo que será perjudicial para la economía del país y para la generación de empleo, pues señala a los empresarios como explotadores y esclavistas.

Advertencia si las reformas se entraban en el Congreso

“Es el Congreso de la República el que tiene la última palabra y después, quizás, el poder judicial. Aquí cumplimos una responsabilidad inicial que es hacer las reformas y presentarlas a la discusión pública, al debate, al Congreso de la República. Dictador me llaman, cuando hemos dejado nuestra obra en manos del Congreso de Colombia, como una democracia lo requiere.

Pero lo que sí debo advertir es que si por alguna circunstancia, las reformas entrabaran en Colombia, lo único que están haciendo es construir, no los caminos de un pacto social, no los caminos de la paz. Aquí se está probando una fase de la historia de Colombia. En medio de tanta violencia aquí hemos hecho un paréntesis, que el pueblo colombiano quiso hacer en las urnas.

Aquí lo que se está proponiendo es un pacto, no sobre la base de que el pueblo se arrodilla, para que nadie cambie, para que nada cambie. No. Aquí lo que se propone es un pacto social, para que la oligarquía colombiana ceda en sus privilegios y permita construir una democracia y la paz. No hay mucho tiempo para ese pacto, quizás mis palabras sean tomadas como una necedad, no como el aprendizaje de la historia de Colombia.

Quizás se repitan los hechos de 1948, cuando detuvieron la Revolución en Marcha. Quizás, quizás en los círculos del poder económico se tejan mecanismos para impedir, a partir del dinero, una época de cambios en Colombia. Si eso es así, sólo hay que recordar los sucesos del año 1948, detener la Revolución en Marcha condujo al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y a una violencia que aún no termina.”

Desafío a la estabilidad política y social de Colombia Conmina al país a aceptar las reformas tal cual las presenta, lanzándole advertencias al Congreso para presionar el trámite y aprobación, en  los términos y bajo las premisas ideológicas que el presidente y algunos de sus ministros pretenden sea redefinida la arquitectura institucional del Estado, la prestación de servicios públicos y la relación de los ciudadanos con el poder público.

Busca desestimular toda posible oposición, mediante el señalamiento y la estigmatización. Sugiere que el poder económico podría tejer mecanismos para impedir una época de cambios en Colombia, lo que promueve tensiones y conflictividad social. Este tipo de señalamientos estigmatiza a los distintos y múltiples sectores sociales que se oponen a las reformas por considerarlas inconvenientes o porque afectan una serie de derechos y libertades individuales o colectivas.

Privilegia las vías de hecho sobre las institucionales

Hace una comparación con los sucesos de 1948, advirtiendo que, de no haber un acuerdo y una construcción de un pacto social, podría desatarse un conflicto violento similar al que ocurrió en el pasado.

Estas advertencias resultan tendenciosas y buscan impedir que, por las vías institucionales definidas en la Constitución de 1991, se tramiten las reformas con el debido debate y el legítimo ejercicio político y ciudadano a la oposición.

Promover las vías de hecho y la violencia como acción política para tramitar reformas, desconoce los principios elementales de la democracia representativa y participativa que actualmente están consagrados en nuestro ordenamiento jurídico. Desafiar la institucionalidad si las reformas no se aprueban tal como las presentó el Gobierno, constituye una clara amenaza a la separación y equilibrio de poderes, violentando la independencia y autonomía del Congreso de la República, para tramitar, deliberar y votar las reformas de acuerdo con los intereses de los ciudadanos.

Es innegable que existen problemas y necesidades, pero los ajustes y cambios que se requieren para solucionarlos deben reconocer los avances que ha tenido el país. Nada justifica destruir un sistema que tiene bondades y que ha mejorado la calidad de vida de los colombianos. Hemos obtenido logros en materia pensional, de salud, laboral, de transición energética, entre otros muchos aspectos; el afán por desconocer esos avances nos llevará a retroceder en el tiempo y poner en riesgo el futuro del país.

Por Carlos Augusto Chacón

Director ejecutivo ICP

El análisis del ICP a los discursos de Petro. by Zona Cero on Scribd